Venezuela es uno de los países con mayor grado de electrificación en América Latina; más del 94% de su población dispone de servicio eléctrico. Esto es el resultado de un esfuerzo realizado por el Estado venezolano durante las décadas de los 70 y 80, al cual se sumó una significativa concurrencia de empresas privadas.

El país cuenta con un sofisticado sistema de transmisión con tensiones de 765, 400 y 230 Kv, que interconectan los principales centros de producción de energía y permiten tener potencia y energía disponible para los centros de consumo a lo largo y ancho del territorio nacional. Son muy pocos los suscriptores atendidos por sistemas aislados y esto ocurre sólo en casos cuya interconexión resulta económicamente inconveniente y de difícil realización.

El país tiene instalados actualmente 18.906 MW en sus diferentes plantas de generación. Antes del año 2003, según las previsiones actuales, se instalarán 2.200 MW adicionales por parte del sector público y 600 MW por parte del sector privado. Esto cubrirá los requerimientos de la demanda hasta ese año.

Las instalaciones hidroeléctricas del bajo Caroní cuentan actualmente con unos 12.500 MW de potencia instalada en Guri y Macagua. Una tercera planta, la de Caruachi, se encuentra en fase construcción y agregará unos 2.100 MW de potencia instalada. Las plantas actualmente en operación representan actualmente el 70% de la oferta nacional de electricidad y constituyen apenas una parte del potencial de unos 26.000 MW en que se estima todo el curso de dicho río. A ese potencial se suman otros que, en el total nacional, representan unos 46.000 MW de fuentes hidráulicas.

Ahora bien, el desarrollo eléctrico del país se plantea hoy dentro de una nueva realidad. La creciente demanda previsible por el crecimiento demográfico, industrial y de otros sectores, en condiciones de calidad, seguridad y accesibilidad reclama volúmenes igualmente crecientes de inversión. Tales inversiones deben acometerse desde ahora mismo.

Hasta el presente, las posibilidades de crecimiento y expansión del sector se apoyaron fundamentalmente en las fuertes inversiones públicas. Ello fue posible gracias a la llamada "siembra del petróleo" o, lo que es lo mismo, a la capitalización de la renta petrolera que encontró una tierra fértil en este sector. El Estado, al disponer de cuantiosos recursos, pudo emprender la explotación del gigantesco potencial hidroenergético del río Caroní, así como también de otros potenciales menores de la región occidental. Paralelamente pudo capitalizar también parte de la renta petrolera en generación térmica, la construcción de las llamadas "autopistas eléctricas" de 760 Kv ya señaladas, y una red de distribución de miles de kilómetros.

Sin embargo, hoy confronta el país un doble problema: la caída de la inversión pública que arrastra un proceso de deterioro en todo el sector y un sensible vacío legal. El primero se expresa en un servicio cada vez más costoso y de menor calidad que afecta crecientemente a la población y al aparato productivo nacional. Además, un sistema organizativamente desarticulado, donde EDELCA aparece adscrito a la CVG, CADAFE al Fondo de Inversiones de Venezuela, organismos adscritos al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. El Ministerio de Energía y Minas que, según la Ley Orgánica de la Administración Central, tiene la competencia para trazar la política y el plan eléctrico, tiene además las funciones de control y fiscalización, así como la de fijar tarifas conjuntamente con el Ministerio de la Producción y el Comercio.

El segundo problema se expresa en la ausencia de un instrumento que sirva ya no sólo para regular las distintas relaciones jurídicas que emergen de esta actividad, sino también como instrumento de política económica y social en manos del Estado. De manera que ni éste, ni los inversionistas, ni los usuarios, tienen claramente definidos sus derechos y obligaciones, ni mucho menos la dirección hacia la cual se orientan las actividades eléctricas del país.

Uno y otro problema requieren de respuestas inmediatas, tanto con un plan coherente que responda a los previsibles incrementos de la demanda residencial, comercial e industrial, como con una Ley que defina, de manera estable, las llamadas "reglas del juego".

Por otro lado, la planificación del sector ha obedecido al entendimiento entre las principales empresas eléctricas que firmaron en 1968 el contrato de interconexión. Este fue modificado en 1988 cuando, además de CADAFE, EDELCA y la Electricidad de Caracas, se incorporó ENELVEN. El mismo ha permitido alertar a las empresas acerca de las ampliaciones necesarias. El Estado venezolano, aunque en forma no sistemática, ha realizado intentos de coordinación para elaborar un plan eléctrico nacional. Hoy resulta imperativo que el Estado diseñe y asuma un plan energético nacional como parte fundamental del plan económico.

A partir de la década del 90 la ya señalada caída de inversión, ha ido colocando al país frente a una verdadera emergencia eléctrica.

Como se sabe, esta industria se caracteriza, entre otros factores, por los requerimientos de capital intensivo y proyectos de largo plazo de maduración. Así que, para garantizar las nuevas y necesarias inversiones, es cada vez más necesario contar con instrumentos políticos y legales que le den seguridad, tanto al inversionista como al usuario.

Adicionalmente, ha existido una inapropiada gestión administrativa y gerencial que influye negativamente en los costos del servicio, lo cual ha incidido en la mayoría de las empresas eléctricas limitando la disponibilidad de recursos para afrontar las fuertes inversiones que deben realizarse en el sistema eléctrico nacional.

Asegurarle al país la prestación de un servicio eléctrico al menor costo posible y con la mayor calidad, que permita la óptima utilización de los recursos disponibles y que, al mismo tiempo, garantice continuidad, seguridad y eficiencia, es una necesidad verdaderamente perentoria.

Ante tal situación, la LOSE tiene por objeto establecer las disposiciones que regirán el servicio eléctrico en el Territorio Nacional, el cual no había contado con una normativa legal integral que ordenara clara y metódicamente las disposiciones generales aplicables a esta materia. Los únicos antecedentes se encuentran en la Ley sobre Servidores Eléctricos de 1928, Los Decretos Nos. 2.383 y 2.384 ambos de fecha 18 de junio de 1992, y el más reciente Decreto Nº 1.558 de fecha 30 de octubre de 1996, que establece las "Normas para la Regulación del Sector Eléctrico", textos insuficientes para llenar el vacío existente.

Ahora, con la LOSE, se establece por primera vez un marco normativo coherente, para una actividad que debe ser disciplinada, tal y como lo demuestra el derecho comparado, sometida al poder público, y sujeta, por su propia naturaleza, a detalladas regulaciones.

Se recogen en este texto legal, los esfuerzos que durante 17 años realizaron infructuosamente distintos sectores dentro del parlamento nacional. Algunos de ellos se replantearon en las indicaciones de la Ley Orgánica que Autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera requeridas por el Interés Público. Ellos han sido debidamente plasmados. Así mismo, se han incorporado los aportes de dos proyectos de Ley del Servicio Eléctrico que fueron presentados durante el período parlamentario 1993-1998, ninguno de los cuales fue aprobado por el Congreso de la República.

La LOSE, establece:

• El rol del Estado como planificador, regulador y supervisor.

• La separación jurídica de las actividades que conforman el suministro de electricidad, buscando una mayor transparencia en la gestión y regulación de las mismas, evitando al mismo tiempo una integración vertical en un sector que es monopólico por naturaleza.

• La regulación de la actividades y de los mercados.

• La racionalización del régimen de precios y tarifas, buscando una retribución para cada actividad, garantizando una apropiada rentabilidad dentro de una gestión eficiente, sin perder de vista el objetivo principal de lograr la mejor calidad al menor costo posible del servicio.

• La creación de un ente regulador y fiscalizador que garantice la aplicación de la Ley y la adecuada supervisión de los agentes del sector eléctrico para la lograr la eficiencia, calidad y continuidad del servicio.

• La promoción de la competencia en aquellas actividades en las que ella sea posible, para lograr una mayor eficiencia del sector y un mayor número de participantes en el mercado mayorista eléctrico.

• El establecimiento de una planificación indicativa por el Ministerio de Energía y Minas; un desarrollo del sector que oriente y racionalice los esfuerzos de los particulares y del Estado hacia la adecuada satisfacción de la demanda nacional de electricidad, así como las previsiones para la extensión del servicio hacia las zonas de escasos recursos y el aprovechamiento de fuentes alternas de energía.

Del mismo modo se persigue facilitar la adaptación de la normativa a los cambios que puedan darse en el futuro, tanto en el orden tecnológico como en el manejo de los recursos financieros.

Venezuela es un país que cuenta con tecnología de punta y ha logrado durante mucho tiempo, la convivencia entre las empresas eléctricas públicas y privadas. Por tal razón, nuestro régimen legal, si bien debe tomar en cuenta experiencias positivas de otros países, tiene que adaptarse a nuestras realidades específicas.